La mayor cifra ingresada en el fondo de bienes decomisados por una sola sentencia a favor de la atención y reinserción de los drogodependientes

Hoy, Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

El Pazo Bayón se adjudica a la cooperativa vitivinícola gallega Condes de Albarei, la mayor cifra ingresada en el Fondo de Bienes Decomisados por una sola sentencia a favor de la atención y reinserción de los drogodependientes.

• La operación se ha realizado por un montante de 15.102.000 euros y la empresa adjudicataria podrá escriturar el Pazo antes de que finalice julio
•  El Pazo Bayón, incautado al matrimonio Laureano Oubiña y Esther Lago, es uno de los símbolos más importantes de la lucha de la sociedad española contra el narcotráfico
•  La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha utilizado el concurso público, en lugar de la subasta, para dotar al proceso de venta de un valor social añadido y comprometer a las empresas interesadas en su compra en la lucha contra las drogas
•  El importe de la venta se distribuirá íntegramente entre los beneficiarios de la Ley del Fondo de Bienes Decomisados

El Pazo Bayón se quedará en manos gallegas. La empresa vitivinícola Condes de Albarei, una cooperativa integrada por más de 400 familias, se alzará finalmente con la propiedad del Pazo. Para ello, se ha comprometido a abonar 15.102.000 euros, superando en 2 millones de euros las ofertas de sus competidores. Su precio mínimo de venta era de 8.693.972,66 euros, según la tasación realizada por la empresa pública estatal SEGIPSA.

Así lo ha decidido esta mañana la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados, que preside la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. A propuesta de la Mesa de Concurso, la Mesa de Coordinación ha analizado las ofertas presentadas por las tres empresas finalistas del concurso público para optar a la compra del Pazo Bayón.

Estas ofertas se leyeron ayer en un acto público, celebrado en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Por su parte, Martín Codax y Marqués de Riscal, las otras bodegas competidoras, han ofrecido respectivamente 13.106.059,99 euros y 13.040.959,99 euros. El importe final de esta venta es la mayor cifra ingresada en el Fondo de Bienes Decomisados por una sola sentencia.

El Pazo Bayón es el nombre con el que se conoce la Granja Fontán, el inmueble de mayor valor de los bienes incautados al narcotraficante Laureano Oubiña y a su esposa, Ester Lago, tras un largo proceso judicial, que culminó con el auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2006. A partir de esa fecha, el Pazo quedó integrado en el Fondo de Bienes Decomisados y la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones se hizo cargo de su gestión.

Estos bienes se han  convertido en un caso emblemático de la lucha de la ciudadanía contra el narcotráfico, sobre todo en Galicia, pero también en el resto de España, y a favor de la atención y reinserción de los drogodependientes.

VALOR SOCIAL AÑADIDO DEL CONCURSO PÚBLICO

Dado el carácter emblemático de estos bienes, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quiso que la venta del Pazo se realizara mediante concurso público, por las ventajas que presenta respecto a la subasta, el método que tradicionalmente se utiliza en la enajenación de los bienes incautados a los narcotraficantes.

El concurso público permite fijar un precio mínimo de venta y, además, establecer unos requisitos para optar a su compra y determinar unos criterios para valorar de forma objetiva el grado de compromiso con los programas de prevención y la reinserción laboral de drogodependientes, de acuerdo con los objetivos del Fondo de Bienes Decomisados.

En este sentido, se incluyeron en el pliego de condiciones los siguientes aspectos:

o Para poder optar a la compra del Pazo Bayón, las empresas tenían que acreditar una antigüedad mínima de 4 años en el sector vitivinícola, con una facturación media anual no inferior a 5 millones de euros.
o Los participantes en el concurso público debían comprometerse por escrito a mantener la producción vitivinícola un mínimo de 6 años.

o Las ofertas debían detallar un número mínimo de jornadas de trabajo temporal no especializado, reservadas para personas drogodependientes en proceso de reinserción social.

o Y determinar qué porcentaje de la facturación anual de la producción vitivinícola destinaban a programas de prevención y reinserción de drogodependencias (porcentaje que podía oscilar entre un 1% y un 5%).

Con estos requisitos, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha perseguido dos objetivos. Por un lado, lograr que la empresa adjudicataria del Pazo se comprometiera con los programas de prevención y reinserción social de los drogodependientes. Y, por otro, asegurar la transparencia y objetividad en el proceso de venta, impedir la especulación y evitar que los bienes vuelvan a caer en manos de los narcotraficantes o empresas interpuestas.

Las tres empresas finalistas del concurso público empataron en los méritos sociales. En los tres casos ofertaron el máximo. Ha sido la cuantía económica la que finalmente ha determinado quién se quedará con la propiedad del Pazo Bayón. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas estima que el Pazo podrá estar escriturado a lo largo del mes de julio.

Tal y como estipula la ley que regula el Fondo de Bienes Decomisados por narcotráfico y delitos relacionados, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas destinará íntegramente el importe de esta venta a programas de prevención, mejora de la asistencia y rehabilitación social de las personas drogodependientes (que desarrollan las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las ONG de ámbito nacional), a la mejora de las condiciones de la lucha policial y judicial contra el narcotráfico y al resto de beneficiarios de la Ley del Fondo (Fiscalía Especial Antidroga, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, etc.).